B.Q.
20/6/2022
El 25 de febrero de 2020 se acordó en el Senado una moción para impulsar la creación de la nueva agencia química.
El Ayuntamiento de Tarragona pedirá al Gobierno Central acoger la futura agencia estatal de seguridad química. Según informa el Diari de Tarragona se acordódurante el pleno de este viernes Esquerra Republicana y el PSC, a raíz de una moción presentada por los socialistas que también ha contado con el apoyo de Junts per Tarragona, PP, Ciutadans y los concejales no adscritos Hermán Pinedo, Sonia Orts y José Luis Calderón.
En el texto original, el PSC proponía que el consistorio «inicie los procedimientos necesarios para optar a ser la sede de alguno de los organismos que el Gobierno de España puede desconcentrar», así como que «el gobierno municipal redacte una propuesta con los edificios o espacios que puedan ser sede de alguno de los organismos, así como de las necesidades que en cada caso se deriven». Asimismo, el principal partido del Saló de Plens apuesta por «buscar la complicidad y el apoyo de la Generalitat de Catalunya en todo este proceso» para que «acompañe a la ciudad para poder lograr su objetivo» de «ejercer la capitalidad, pensar en grande y ser un polo de atracción, conjuntamente con la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el sector».
En su propuesta, los socialistas habían puesto sobre la mesa tres posibles agencias: la espacial, la de salud pública y la de inteligencia artificial. Sin embargo, para llegar a un acuerdo Esquerra ha exigido que en el texto se especificara que «preferentemente se solicitará reclamar la de seguridad química», así como que «el Estado se haga cargo de los gastos de adaptación del espacio escogido y del traslado del personal en las mismas condiciones que se hace con la ciudad de Madrid», o sea, sin que ello suponga ningún gasto para las arcas municipales.
El 25 de febrero de 2020 –justo antes de la explosión de la pandemia de la Covid– PSOE, ERC y Junts per Catalunya acordaron en el Senado una moción para impulsar la creación de la nueva agencia química. En el texto –que contó también con el aval de Ciutadans, Comunes y PNV– se instó al Gobierno Central a «estudiar la posibilidad de crear una entidad consultiva de seguridad industrial» para «reforzar, si procede, los requisitos técnicos de seguridad industrial aplicables a la industria química».
En la moción de hace dos años en la Cámara Alta se apostó también por «promover ante la Unión Europea una pronta revisión de la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas». En este sentido, el documento solicitó a las instituciones continentales que la futura regulación «tenga en cuenta las conclusiones que se deriven de la investigación sobre las causas del accidente en Tarragona de la empresa Iqoxe».
